La recientemente aprobada reforma previsional en Chile introduce una serie de modificaciones que impactarán a trabajadores, pensionados y empleadores. Aunque la propuesta ha sido presentada como una solución a las deficiencias del sistema de capitalización individual, existen múltiples aspectos que merecen un análisis crítico desde el punto de vista jurídico y económico.
A continuación, desglosamos los principales cambios y los cuestionamientos que estos generan en términos de sostenibilidad, equidad y certidumbre para los cotizantes.
1. Nuevo aporte del empleador: ¿real beneficio o carga disfrazada?
La reforma establece un incremento progresivo de la cotización previsional, sumando un 7% adicional a cargo del empleador, que se suma al 1,5% ya existente por concepto de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). En términos prácticos, este aumento de costos laborales podría generar efectos no deseados, tales como:
- Reducción en la contratación formal: Un alza en las cotizaciones podría incentivar la informalidad, afectando especialmente a las PYMEs.
- Posible traslación del costo al trabajador: Aunque el empleador asume el pago, existe la posibilidad de que este mayor costo se refleje en menores salarios reales o en un menor crecimiento del empleo.
Además, el hecho de que parte de este aporte se destine a un Seguro Social y no exclusivamente a la cuenta individual del trabajador, reintroduce un elemento redistributivo que podría desnaturalizar el principio de capitalización individual sobre el que originalmente se estructuró el sistema chileno.
2. “Préstamo” de los cotizantes al Seguro Social: ¿una confiscación encubierta?
Uno de los elementos más polémicos de la reforma es la creación de un mecanismo denominado “cotización de rentabilidad protegida”, mediante el cual un 1,5% del nuevo aporte es utilizado para financiar el Seguro Social, pero se “devuelve” en forma de bonos que generan rentabilidad.
Desde una perspectiva crítica, esta medida plantea serias interrogantes:
- ¿Garantía real o promesa incierta? Aunque se menciona que los bonos estarán respaldados por el Estado, su sostenibilidad dependerá de la capacidad fiscal a largo plazo.
- Expropiación parcial del ahorro individual: En la práctica, los trabajadores verán cómo una fracción de su cotización no se dirige a su cuenta personal, sino que se destina a financiar a otros beneficiarios del sistema.
Este mecanismo recuerda a los sistemas de reparto, donde las cotizaciones actuales financian a los pensionados actuales, con la diferencia de que aquí se genera la expectativa de devolución futura, lo que podría derivar en una carga fiscal insostenible.
3. Brecha de género en pensiones: ¿solución justa o discriminación inversa?
El diseño de los beneficios diferenciados para mujeres plantea un dilema jurídico y económico. Por un lado, es innegable que existen desigualdades estructurales en las pensiones entre hombres y mujeres debido a factores como mayor esperanza de vida y menor cantidad de años cotizados. Sin embargo, el enfoque adoptado por la reforma genera cuestionamientos:
- ¿Justicia social o castigo a quienes han cotizado más? La entrega de aportes adicionales a mujeres con menos años cotizados podría generar una percepción de injusticia para quienes han cumplido con los requisitos de manera íntegra.
- ¿Paternalismo estatal? La política refuerza la idea de que las mujeres no podrán alcanzar una pensión suficiente por sí mismas, en lugar de incentivar mayores niveles de cotización o corregir los problemas estructurales del mercado laboral.
Un enfoque alternativo habría sido fortalecer incentivos para la cotización continua de ambos sexos, en lugar de establecer mecanismos que pueden generar distorsiones en el comportamiento laboral.
4. Aumento de la PGU: ¿es realmente sostenible?
El alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 representa un avance en términos de seguridad social. Sin embargo, la implementación gradual de este beneficio y su impacto en el presupuesto estatal plantean interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo.
La interrogante central es: ¿cómo se financiará este incremento en el tiempo?
- Actualmente, la PGU se financia con impuestos generales, lo que implica que, en ausencia de un aumento en la recaudación fiscal, el Estado podría recurrir a deuda pública o alza de impuestos en el futuro.
- La ampliación de beneficiarios, incluyendo exonerados políticos y otros grupos, genera un gasto adicional que podría comprometer la estabilidad fiscal en el largo plazo.
5. Transformación de las AFP: ¿mayor competencia o simple maquillaje?
La reforma plantea la eliminación de los multifondos en favor de fondos generacionales, donde la exposición al riesgo se ajustará según la edad del afiliado. Además, introduce un sistema de licitaciones en el que cada dos años el 10% de los afiliados será reasignado a la administradora que cobre menores comisiones.
Si bien estos cambios buscan mejorar la eficiencia del sistema, surgen varias preocupaciones:
- Poca transparencia en la reasignación automática de afiliados: ¿Cómo se garantizará que los cotizantes reciban información clara sobre los cambios en la administración de sus fondos?
- Riesgo de concentración de mercado: Si la competencia se enfoca únicamente en el cobro de comisiones, es posible que el mercado termine dominado por pocas administradoras, afectando la libertad de elección.
- Injerencia estatal en la inversión: El modelo de fondos generacionales podría limitar la capacidad del afiliado para elegir cómo quiere invertir su ahorro, lo que contrasta con el espíritu original del sistema.
Conclusión: ¿una reforma sostenible o una bomba de tiempo?
Si bien la reforma busca mejorar las pensiones en Chile, su estructura presenta elementos que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal y la certeza jurídica del sistema previsional.
Los principales problemas que emergen son:
- Redistribución encubierta: La introducción de un Seguro Social financiado con cotizaciones individuales debilita el pilar de capitalización personal.
- Dudas sobre la viabilidad fiscal: El aumento de la PGU y el mecanismo de bonos pueden generar una carga imprevista para el Estado en el futuro.
- Efectos secundarios en el empleo: El aumento en los costos laborales podría traducirse en menor formalización del trabajo y salarios estancados.
- Mayor control estatal: La reforma reduce la autonomía de los afiliados sobre sus fondos y establece criterios de inversión más rígidos.
Desde una perspectiva previsional, es fundamental que cualquier reforma garantice pensiones dignas sin comprometer la estabilidad del sistema a futuro. En este sentido, se requiere un análisis más profundo sobre el financiamiento real de los nuevos beneficios y los impactos que estos podrían tener en el empleo y la economía en general.
A medida que avancen las regulaciones complementarias y la implementación de la reforma, será clave que los ciudadanos y expertos sigan atentos a sus efectos, con el fin de evitar que esta transformación termine generando más problemas que soluciones.
G&M Abogados 