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El proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario, actualmente despachado al Ejecutivo para su promulgación, representa una de las reformas más significativas en materia tributaria aprobadas recientemente por el Congreso Nacional. Este proyecto tiene como objetivo fundamental reducir la brecha de cumplimiento tributario, incrementar la recaudación fiscal y, con ello, financiar las prioridades de gasto público contenidas en el llamado “Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”.

Aspectos clave del proyecto

1. Recaudación fiscal: Uno de los objetivos centrales del proyecto es lograr un incremento de la recaudación fiscal equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, lo que implicaría aproximadamente US$4.500 millones anuales. Esta meta busca asegurar los recursos necesarios para financiar importantes programas de gasto público.
2. Fortalecimiento de la fiscalización: El proyecto establece una serie de medidas tendientes a mejorar la fiscalización tributaria, entre las que destaca la creación de un Comité Ejecutivo y un Consejo Tributario. Ambos órganos, adscritos al Servicio de Impuestos Internos (SII), estarán encargados de coordinar y supervisar las políticas de fiscalización y control del cumplimiento tributario.
3. Incorporación del denunciante anónimo: Se introduce la figura del denunciante anónimo, quien podrá reportar actos de evasión o elusión tributaria con la garantía de anonimato y con la posibilidad de recibir una compensación económica. Esta medida busca incentivar la denuncia y, con ello, aumentar la detección de irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
4. Flexibilización del secreto bancario: El proyecto contempla la flexibilización del secreto bancario para efectos de fiscalización tributaria. En casos justificados y bajo ciertos requisitos, se permitirá al SII acceder a información bancaria, lo que fortalecerá la capacidad de control y verificación de los contribuyentes.
5. Combate a la informalidad económica: Se establecen medidas específicas para reducir la informalidad económica, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas medidas incluyen la obligación de las pymes de declarar sus ingresos y pagar sus obligaciones tributarias de manera más rigurosa.
6. Modernización de la gestión tributaria: Como parte del proceso de modernización del SII, se contempla la incorporación de nuevas tecnologías y la asignación de recursos adicionales, lo que permitirá mejorar tanto la eficiencia en la fiscalización como la capacidad del Estado para detectar y sancionar la evasión tributaria.

Proceso de aprobación y respaldo legislativo

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados con un amplio respaldo, obteniendo 120 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente, el Senado despachó el texto legal con algunas modificaciones, enviándolo al Ejecutivo para su promulgación. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha subrayado la importancia de esta ley, destacando su rol clave en la reducción de la evasión y elusión fiscal y su contribución para financiar las principales prioridades de gasto del Estado, tales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el refuerzo de la seguridad pública.

Impacto esperado

Se anticipa que la Ley de Cumplimiento Tributario generará un impacto positivo en la recaudación fiscal, permitiendo no solo financiar programas prioritarios, sino también reducir la brecha de cumplimiento y combatir la informalidad económica, todo lo cual repercutirá favorablemente en la economía y en la cohesión social. En particular, la reducción de la evasión y elusión fiscal fortalecerá el sistema tributario, mejorando la equidad y la sostenibilidad financiera del Estado. Esta reforma tributaria refleja un esfuerzo significativo por parte del Estado chileno para modernizar su sistema fiscal y asegurar que los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines.

No obstante los objetivos en principio loables de la Ley de Cumplimiento Tributario, cabe señalar que una mayor rigurosidad en la fiscalización y el aumento de controles podrían generar efectos adversos en la recaudación total si no se implementan con cautela. En particular, un enfoque excesivamente severo en la persecución de la informalidad o en la flexibilización del secreto bancario podría desincentivar la inversión privada y generar un clima de incertidumbre entre los contribuyentes, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que podrían verse sobrecargadas por las nuevas exigencias. Asimismo, la percepción de un Estado fiscalizador intrusivo podría fomentar la evasión tributaria y el desplazamiento de actividades económicas hacia la informalidad, en lugar de lograr una mayor recaudación, impactando negativamente en la base tributaria del país. Por ello, es fundamental que las medidas propuestas se acompañen de incentivos para el cumplimiento voluntario y de una aplicación proporcional y gradual de las sanciones y controles.