En respuesta a los crecientes episodios de violencia, amenazas y riesgos a los que se enfrentan los funcionarios de Gendarmería de Chile, un grupo de legisladores ha propuesto una modificación al Decreto Ley 2.589, que contiene la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. Esta iniciativa busca proteger la identidad de los funcionarios de Gendarmería ante la población penal, asegurando así su integridad y seguridad.
El proyecto de ley es patrocinado por los diputados Jaime Araya, Carlos Bianchi y Héctor Ulloa, junto a las diputadas Danisa Astudillo y Camila Musante. Los proponentes argumentan que la situación de seguridad pública en Chile ha cambiado drásticamente en la última década. El país ha pasado de ser un lugar relativamente tranquilo a experimentar las consecuencias negativas del crimen organizado y las bandas internacionales.
Justificación de la Iniciativa
Los autores del proyecto señalan que, aunque se ha discutido ampliamente sobre la necesidad de aumentar las penas para delitos de alta connotación pública y de encarcelar a más delincuentes para recuperar la paz social, también es crucial atender la situación dentro de las cárceles. Los funcionarios de Gendarmería, quienes trabajan directamente con la población penal, enfrentan un entorno cada vez más peligroso debido al incremento de la violencia y la presencia de reclusos más violentos y organizados.
Un caso emblemático citado es el de la Cárcel de Alta Seguridad de Arica, donde miembros del “Tren de Aragua”, una organización criminal venezolana, intentaron protagonizar un motín violento. Este incidente resultó en varios funcionarios heridos y una sensación de inseguridad persistente dentro del recinto penitenciario.
Propuestas del Proyecto de Ley
Para mitigar estos riesgos, el proyecto de ley propone que los funcionarios de Gendarmería puedan adoptar medidas de seguridad personal que les permitan realizar su labor de manera más segura y tranquila. Entre las medidas sugeridas, se incluye el derecho de los funcionarios a cubrir su identidad ante la población penal. Esto se lograría mediante el uso de elementos que oculten su rostro, haciendo que sean inidentificables para los reclusos.
Además, el proyecto propone que la identificación del funcionario en su vestimenta institucional (nombre y apellido) sea reemplazada por un código alfanumérico o un código digital de respuesta rápida (QR), que sea personal e intransferible. De esta forma, se dificultaría la identificación precisa de los funcionarios por parte de los reclusos, reduciendo así las posibilidades de amenazas directas o indirectas hacia ellos o sus familias.
Impacto Esperado y Proceso Legislativo
Los autores del proyecto están convencidos de que estas medidas no solo mejorarán la seguridad de los funcionarios de Gendarmería, sino que también contribuirán a un ambiente de trabajo más seguro y eficiente dentro de los recintos penitenciarios. La implementación de estas medidas permitiría a los funcionarios desempeñar su labor sin el constante temor de ser identificados y amenazados por la población penal.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en su primer trámite constitucional y está siendo estudiado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. Este es el primer paso en el proceso legislativo, y se espera que el proyecto avance a través de las distintas etapas de discusión y aprobación.
La modificación propuesta a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile es una respuesta necesaria y urgente a la realidad que enfrentan los funcionarios penitenciarios en el país. Al proteger la identidad de los funcionarios, se busca garantizar su seguridad y bienestar, permitiéndoles realizar su trabajo de manera más efectiva y sin temor a represalias. La iniciativa refleja un compromiso con la seguridad no solo en las calles, sino también dentro de los recintos penitenciarios, y es un paso importante hacia la mejora de las condiciones laborales de quienes desempeñan una labor crucial para la sociedad.
El proyecto de ley, respaldado por una sólida argumentación y ejemplos concretos de la problemática actual, espera recibir el apoyo necesario para convertirse en una herramienta efectiva en la protección de los derechos y la seguridad de los funcionarios de Gendarmería de Chile.