En el contexto de una creciente preocupación por la seguridad pública en Chile, el Proyecto de Ley Nain Retamal ha sido presentado con el objetivo de reforzar la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de entregar certezas jurídicas y garantías respecto de su actuar.
Este proyecto introduce una serie de innovaciones importantes que buscan fortalecer el rol de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la policía marítima y de aeronáutica civil, así como también de las Fuerzas Armadas cuando cumplen funciones de orden público y de seguridad.
Una de las principales innovaciones del proyecto es la regulación de la presunción de la legítima defensa y la presunción de racionalidad en el uso de la fuerza, tanto para Carabineros e Investigaciones, como para el personal de las FFAA, de la DGAC y Gendarmería. Esto significa que en caso de uso de la fuerza por parte de estas instituciones en el ejercicio de sus funciones, se presume que ésta ha sido legítima y racional, lo que entrega mayor protección a los funcionarios de estas instituciones y certezas a la ciudadanía respecto de su actuar.
Otra innovación importante es la eliminación de las penas sustitutivas en caso de delitos contra las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad. Esto significa que no procederán las penas sustitutivas para aquellos delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, así como también para las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en funciones de resguardo del orden. Además, se aumentan las penalidades respecto de aquellos delitos establecidos en el Código de Justicia Militar y en contra de Carabineros.
El proyecto también contempla una serie de medidas para mejorar la seguridad de los funcionarios de Carabineros. Se establece que el funcionario policial que en ejercicio de su cargo o con ocasión de éste hiciere uso de su arma de servicio, armamento menos letal o elementos no letales, para rechazar alguna violencia o vencer la resistencia contra la autoridad, no podrá ser separado de sus funciones ni ver afectada su remuneración, mientras no concluya la investigación administrativa respectiva. Además, se contempla un mejor equipamiento para Carabineros en el ejercicio de sus funciones preventivas.
El proyecto también establece mayores penalidades para ataques a comisarías y regimientos. Se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo a quienes coloquen, envíen, activen, arrojen, detonen, disparen, o hagan explosionar artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustibles u otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas molotov y otros artefactos similares en, desde o hacia recintos policiales y militares.
Finalmente, el proyecto también otorga facultades a Carabineros de Chile para utilizar armamento no letal en manifestaciones y reuniones públicas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Además, se les permitiría utilizar medios tecnológicos para el control del orden público, como drones y cámaras de vigilancia, bajo la supervisión del Ministerio del Interior. También se contempla la creación de una unidad especializada en control del orden público, encargada de la planificación y coordinación de operaciones en manifestaciones y reuniones públicas. Otras facultades incluyen la posibilidad de solicitar a los proveedores de servicios de internet la identificación de personas que difundan información falsa o inciten a la violencia en redes sociales, y la capacidad de realizar allanamientos nocturnos en casos de flagrancia delictiva.
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