A sólo días de enfrentar la segunda vuelta a nivel presidencial, Chile está viviendo unos de los momentos más complejos desde su retorno a la democracia, en un escenario crispado por causa del denominado “estallido social” ocurrido desde el 18 de octubre del 2019.
Relacionado a lo anterior, hablaremos de este derecho cívico fundamental aplicable en todas aquellas sociedades que se establecen elecciones para elegir a sus representantes de índole político-social.
Definición de Sufragio
Para la Real Academia Española (desde ahora RAE), se define sufragio como: sistema electoral para la provisión de cargos.
Por su parte etimológica, la palabra sufragio proviene del latín suffragium que significa: es el derecho político y constitucional al voto a votar a los cargos públicos electos. De ella, se deduce que existe un sufragio en sentido amplio que abarca el activo, donde se determina quienes tienen derecho al voto (uso más común), y el pasivo, que se refiere a quienes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos.
Historia y evolución del derecho al Sufragio en Chile
Oficialmente en Chile, las primeras elecciones fueron celebradas en diciembre de 1810, en las que se eligió el primer Congreso Nacional. No obstante, la guerra de la independencia y otras facciones de índole interno que se vivía en ese momento, impidieron una consolidación de las instituciones políticas y el desarrollo de un sistema de elecciones regulares.
Más adelante, tras la victoria del “lado conservador” de la época de 1829, se logró establecer un sistema político de corte autoritario y presidencialista, que se materializó en la Constitución de 1833. Fue así, entonces, que desde 1835 en adelante se sucedieron regularmente elecciones presidenciales y parlamentarias (con un fuerte presión de parte del ejecutivo).
Más adelante entre los años 1871 y 1879, debido al afianzamiento de un sistema de partidos políticos y la creciente oposición liberal a las prerrogativas presidenciales, se llevó a cabo una serie de reformas que despojaron gradualmente al poder ejecutivo de su capacidad eventual de intervenir en los procesos de elección. A la prohibición de la reelección presidencial en 1871, siguieron la reforma electoral de 1874, que amplió el derecho de sufragio; las reformas de 1888 y 1890, que otorgaron mayor transparencia al proceso electoral y reforzaron el secreto del voto; y la ley de Comuna Autónoma aprobada tras la revolución de 1891, en la que se consagró la independencia de los municipios con respecto al poder central.
Ya en las elecciones de 1920 marcaron un profundo cambio en la dinámica electoral. En ellas irrumpieron por primera vez los movimientos sociales, lo que marcó la pauta para el posterior desarrollo político durante el siglo XX. Los niveles de participación electoral aumentaron gradualmente, y la conformación de partidos políticos de izquierda como el comunista (1922) y el socialista (1933) transformó el escenario político. Tras la caída del gobierno autoritario de Carlos Ibañez en 1931, las instituciones se readecuaron al nuevo equilibrio político en un contexto de fuerte competencia electoral, que llevó al poder en 1938 al frente popular, la primera victoria electoral de una coalición de izquierda en la historia de Chile.
El aumento de los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con la incorporación de la mujer en la vida política. En 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones municipales, y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El aumento del electorado tuvo desde entonces un rápido crecimiento, incentivo por la introducción de la cédula única electoral en 1958, que puso fin a los actos de cohecho de la época, la aprobación del voto para el caso de los ciegos en 1969 y de los analfabetos en 1972. El porcentaje de votantes con respecto a la población pasó de un 7.6% en 1932 a un 36.1% en las elecciones de 1973, uno de los niveles más altos en la historia de Chile. La movilización masiva de la población a fines de la década de los sesenta e inicios de los setenta, en un contexto de alta polarización política, se interrumpió abruptamente con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que puso fin al gobierno de Salvador Allende.
La dictadura o gobierno militar (dependiendo de la posición y visión política) que se inició en 1973 llegó a su fin con el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que la ciudadanía expresó mayoritariamente su deseo de retornar al sistema democrático. La población se inscribió masivamente en los registros electorales, llegando a un nivel histórico de participación en las elecciones generales de 1989. Aunque en ellas ganó la centroizquierda denominada Concertación de Partidos por la Democracia, así como en las otras elecciones realizadas hasta el 2006, la composición del parlamento ha estado marcada hasta hace poco por la presencia de senadores designados por militares y por un sistema electoral que privilegia la negociación entre partidos políticos por sobre los resultados del voto popular.
En el año 2012 se aprobó la Ley N° 20.568 que reformó el sistema de sufragio universal instaurando la inscripción automática y el voto voluntario. Así, se incorporó a 4.500.000 nuevos electores, quienes tendrán la libertad de elegir si quieren votar o no en las distintas elecciones.
Finalmente, como última reforma electoral, en abril de 2014, bajo el gobierno de Michelle Bachelet se promulgó la reforma constitucional que otorga derecho a voto desde el exterior para plebiscitos, primarias presidenciales y presidenciales propiamente tal.
Regulación legal y constitucional
A nivel legal, la ley N° 18.556 regula el sistema de inscripciones electorales y servicio electoral. Por su parte, a nivel constitucional se regulan las características del sufragio en nuestro país, y las causales de suspensión (artículos 15 y 16).
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